En España los nacionalismos regionales han sido un quebradero de cabeza para el país. Ya que desde el siglo XIX han ido creciendo, en el siglo XX se han asentado y en el siglo XXI han alcanzado su cenit. A raíz del final de la dictadura de Franco, se creyó que, con una política permisiva de cesiones a sus reivindicaciones, se podrían aplacar éstas. Pero el tiempo ha venido a demostrar, que esa política de cesión fue errónea, ya que no ha hecho más que incrementar más aún la pujanza nacionalista de las regiones. Al punto que la figura del Estado se ha ido diluyendo en regiones como Cataluña y País Vasco. Entrando el radicalismo delirante con tal fuerza, que se ha acabado imponiendo esa misma política tan criticada por ellos durante la dictadura. De manera que, todo aquel que no comulgue con sus ideas, es considerado un apestado. Provocando que parte de la sociedad, deba vivir bajo la presión de ocultar sus ideas, para no ser señalado socialmente. Provocando una fractura entre soberanistas y constitucionalistas. Y el Estado como siempre ha sido rehén de acuerdos con los nacionalistas-independentistas, para poder gobernar, ha hecho dejadez de sus funciones. De manera que éstos últimos sabedores de ello, se han saltado a su libre albedrío las decisiones del Tribunal Superior de Justicia en sus resoluciones. Y es preocupante, que habiendo el Estado dado las armas para que los nacionalistas-independentistas a través de la inmersión lingüística y adoctrinamiento en la sociedad, se vea ahora enfrentado a tener que mirar para otro lado en la inspección de esas autonomías. La llamada inmersión lingüística, si es que tuvo algún momento razón de ser, es obvio que, pasados más de 40 años desde el fin de la dictadura, ya ha cumplido la función. Y lo que no podemos dejar es, que se repita la historia discriminatoria, que padecieron las lenguas regionales, solo que ahora con la lengua común del Estado.